Condiciones de las medidas aprobadas para ayudar a las familias hipotecadas.
Luz verde a las ayudas para las familias con ayudas para pagar la hipoteca en plena escalada del euríbor. Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete normativo que permitirá aliviar la situación financiera de las familias por la subida de los tipos de interés.
El objetivo de las medidas, fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España, es reducir la carga hipotecaria de los hogares de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo. Así, se amplía el margen de actuación del Código de Buenas Prácticas bancario para que las medidas no solo vayan dirigidas a las familias vulnerables, sino también a los hogares de clase media que están en riesgo de vulnerabilidad.
"Las medidas beneficiarán a más de un millón de familias, aproximadamente a un tercio de los hogares que tienen hipotecas variables en España. Proporcionan un ‘menú de opciones’ para que las familias puedan optar por la que mejor se adecúe a su caso particular y no suponen un riesgo o a un impacto macroeconómico. Afortunadamente, el escenario es muy diferente a 2007 y los hogares tienen una posición más saneada que en otros momentos de nuestra historia", ha asegurado Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Calviño también ha insistido en que, "a pesar de que el euríbor está por debajo de sus niveles históricos y los futuros apuntan a una estabilización del indicador", lo cierto es que se ha producido una fuerte y rápida subida de las cuotas hipotecarias. De ahí que el Gobierno haya considerado necesario establecer medidas de ayuda para aliviar el sobrecoste que ha supuesto la subida de los tipos de interés para las familias con menos ingresos.
Según la ministra, la intención del Ejecutivo es que las medidas estén en vigor el 1 de enero de 2023 y que las entidades tendrán un mes para suscribir el Código de Buenas Prácticas. A pesar de su adhesión es voluntaria, una vez que se suscriban los bancos estarán obligados a aplicar las medidas.
Tres vías de actuación
Las medidas adoptadas pivotan sobre tres ejes de actuación:
- Mejorar el tratamiento de las familias vulnerables
- Abrir un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos
- Adoptar mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de hipotecas variables a fijas
Ayudas para los hipotecados vulnerables
Se consideran como tales los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año; es decir, con ingresos de hasta tres veces el IPREM. Y la segunda característica es que dediquen más de un 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca. El Gobierno calcula que hay unos 300.000 hogares que cumplen estos criterios.
Y hay dos supuestos con diferentes medidas.
- Si su esfuerzo hipotecario se ha incrementado más de un 50%, los hogares podrán reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euríbor -0,10%, desde el Euríbor +0,25 actual). Asimismo, se ampliará a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario. También se establece un nuevo plazo de solicitud para alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual.
- Si su esfuerzo hipotecario se ha incrementado menos de un 50%, podrán optar a una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años.
"Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado", afirman desde el Ministerio económico.
A modo de ejemplo, Calviño ha explicado que la aplicación de estas medidas permitirá que "una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés vea reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros".
Ayuda para hipotecados en riesgo de vulnerabilidad
Por otro lado, el paquete normativo abre el Código de Buen Gobierno para que se beneficien también de las medidas de ayuda los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad.
En concreto, los hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales (tres veces y media el IPREM) e hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, un 20%.
Las entidades financieras deberán ofrecer a todos estos casos la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado también durante 12 meses y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.
Amortización y cambios de hipotecas variables a fijas gratis
Durante todo 2023, se eliminan las comisiones por amortización anticipada. Es decir, los deudores hipotecarios podrán reducir el capital pendiente de pago sin tener que pagar una penalización por ello. Por otro lado, durante el próximo año tampoco se pagarán gastos por reconvertir una hipoteca variable por una fija.
También se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos. Asimismo, el Gobierno ha aprobado una reducción permanente del coste de conversión de tipo variable a fijo ha encargado al Banco de España la elaboración de una guía para deudores hipotecarios en dificultades, con el objetivo de aumentar la transparencia.
Adhesión voluntaria, pero cumplimiento obligatorio
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos.
Las entidades financieras podrán adherirse a los Códigos de forma inmediata (con un plazo máximo de un mes) y el objetivo es que el conjunto de medidas adoptado esté disponible a partir del 1 de enero de 2023. Durante la rueda de prensa, Calviño ha destacado que CaixaBank, la entidad con mayor presencia en España, ya ha comunicado al Ejecutivo su disposición a suscribir el acuerdo, sujeta al visto bueno de sus órganos de gobierno.
En caso de transmisión del crédito a un tercero, las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero. Así, según la ministra económica, se garantiza la salvaguarda y el mantenimiento de las condiciones en el caso de cesión de créditos a un tercero, como, por ejemplo, un fondo de inversión.
Voces discordantes dentro del Gobierno y valoraciones positivas desde las asociaciones
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que el acuerdo entre el Gobierno y la banca para aliviar la carga hipotecaria de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad es "sustancialmente mejorable". Díaz ha recalcado que esta medida supone "un pequeño paso", aunque ha apuntado a los medios en un evento que no es la respuesta que defienden desde su grupo, Unidas Podemos.
La ministra ha señalado que este acuerdo no servirá para repartir "las cargas de la crisis" y ha acusado a las entidades financieras de falta de compromiso y sacrificio con el país. "Desde la subida del euríbor, los beneficios estimados de las entidades financieras por el incremento del euríbor ascienden a 8.000 millones de euros, ergo, las entidades financieras se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés", ha manifestado.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en cambio, valoran de forma positiva las medidas adoptadas. "Valoramos positivamente que finalmente se haya ampliado el foco de las familias que se verán beneficiadas de las medidas planteadas por la banca y el Gobierno. Tal y como pedíamos, se contempla una ampliación a la clase media de hipotecados en riesgo de entrar en situación de vulnerabilidad, para acceder a ese alivio financiero", asegura el organismo.
También recalca que "estamos ante el Ministerio de Asuntos Económicos que más se ha preocupado por el cliente bancario desde la crisis que viviéramos en la década anterior. El Ministerio que lidera Nadia Calviño ya ha puesto encima de la mesa medidas para para paliar la exclusión financiera, para aliviar la situación de los hipotecados; además, de haber sacado adelante la Autoridad Independiente y haber planteado impuestos al sector bancario a pesar de las críticas recibidas".
No obstante, su principal crítica es que "la medida para facilitar el cambio de tipo variable a fijo llega demasiado tarde, en tanto que el mercado de hipotecas a tipo fijo se ha encarecido notablemente y a la mayoría de las familias ya no les compensa el cambio".
Aprobada la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo objetivo es vigilar la conducta financiera en los distintos mercados y resolver los conflictos entre entidades y clientes de manera extrajudicial.
Podrán presentar reclamaciones por canales presenciales, telefónicos o telemático las personas físicas o jurídicas que sean clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como cláusulas declaradas abusivas por los altos tribunales correspondientes.
Calviño ha explicado que esta figura tendrá competencias para imponer sanciones y supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Esta figura, que estará financiada por las entidades financieras, estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
Las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
El Ministerio de Asuntos Económicos espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una "línea de defensa adicional" para los clientes de las entidades financieras, pero también en 'fintech' y criptoactivos.
La norma será ahora remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor el próximo año.